El mercado puede ser eficiente, gracias a la competencia. Pero para que esto funcione hay requisitos, aunque algunos [o todos] son bastante restrictivos. Estos son los requisitos para que exista un mercado de competencia perfecta, que es difícil argumentar que existan, pero el modelo permite aislar relaciones económicas básicas para comprender el funcionamiento del mercado. La competencia perfecta asume, entonces que:
1. No hay fallas de mercado: no se presentan externalidades [que se discutirán luego] ni existe poder de mercado, de modo que las personas son tomadoras de precios.
2. Los bienes, a vista de los consumidores, son homogéneos, de tal forma que son perfectamente sustitutos los unos de los otros.
3. Existe libre entrada y salida de competidores en los mercados; cada competidor es muy pequeño y ante aumentos en precios pueden entrar nuevas empresas o si disminuyen los precios pueden salir empresas.
4. Existe información perfecta, de manera que se puede saber si el bien o sus sustitutos se pueden comprar o vender a mejores precios, pero esa información debe estar perfectamente distribuida, que nadie sepa más que otro sobre el bien que se está transando. Es decir, la información es completa y simétrica.
5. Existe independencia entre la oferta y la demanda; ni los demandantes ni los oferentes pueden cambiar las preferencias de los otros. Entonces existe soberanía del consumidor: los gustos de los consumidores junto a sus ingresos determinan la función de demanda, mientras que los productores elijen el mejor uso de los insumos para producir lo que desean los consumidores y sus costos determinan la función de oferta.
Si todo esto se cumple se maximiza la eficiencia y el bienestar. De ser así, las intervenciones en el mercado más bien podrían generar ineficiencia y, por ende, una pérdida de bienestar. Con esto, se van a analizar los efectos de controles de precios, de cantidades e impuestos.
Si el precio de los camarones, por ejemplo, es muy alto, algunos no los comprarán porque prefieren dedicar su ingreso en comprar otros bienes y no hay problema. Pero... ¿qué pasa si el precio es demasiado alto para el arroz o los frijoles? En esos casos el precio de equilibrio deja por fuera del consumo de esos bienes a varios consumidores y no porque no quieran comer, sino porque su ingreso es muy bajo. Una solución tentadora es imponer un precio máximo.
Esto funciona en situaciones extraordinarias que podrían permitir un abuso de los vendedores de ciertos bienes. Cuando hay una guerra, un desastre natural o alguna situación crítica que provoca una escasez artificial y se reduce la cantidad disponible con respecto a su demanda, el precio puede subir drásticamente y perjudicar a muchas personas. En esas condiciones un control temporal del precio está justificado y evita que se abuse de esa escasez artificial
En condiciones normales. Como instrumento permanente los precios máximos se convierten en la señal equivocada y reducen la eficiencia y el bienestar. A su vez, reducen la cantidad consumida. ¿Por qué? Porque desestimulan la producción de esos bienes. Habrá algunos que ganen de esos precios máximos, y que pueden tener influencias políticas, pero en general reducen el bienestar.
El establecimiento de un precio máximo ($7.5 en este ejemplo), representado por la línea roja discontinua, genera dos efectos importantes:
1. Exceso de demanda o escasez de mercado: Los productores están dispuestos a ofrecer solo 5.9k porciones (punto A), los consumidores demandan 8.5k porciones (punto B), y esto crea una escasez de 2.6k porciones (B - A), visible como la distancia horizontal entre ambos puntos.
2. Cambio en los excedentes: Los productores pierden al vender menos unidades a menor precio, mientras que en el caso de los consumidores algunos ganan (quienes compran más barato), pero otros quedan excluidos (no encuentran producto)
Así, el establecimiento de un precio máximo, si bien permite que se venda el bien a un precio menor que el de equilibrio, provoca un exceso de demanda. A ese precio más bajo, la gente quiere consumir todavía más de ese bien, pero a los productores no les resulta rentable y más bien ofrecen menos que antes.
El establecimiento de un precio máximo genera cinco consecuencias principales:
1. Mercados negros: Cuando el precio regulado está por debajo del equilibrio, la escasez resultante incentiva la creación de mercados informales. Los productores encuentran formas de vender el producto a precios más altos a consumidores dispuestos a pagar, lo que lleva a transacciones fuera del mercado regulado.
2. Acaparamiento y recursos desaprovechados: La percepción de escasez futura lleva a los consumidores a comprar cantidades mayores a las necesarias. Esto ocurre comúnmente con productos básicos como combustibles o alimentos, donde los compradores acumulan existencias por temor a desabastecimiento, exacerbando el problema inicial.
3. Reducción de calidad: Los productores, al enfrentar márgenes de ganancia menores, buscan reducir costos. Esto se traduce en productos de menor calidad, como tortas con ingredientes más baratos o porciones más pequeñas, manteniendo el precio máximo pero disminuyendo el valor real recibido por los consumidores. Con esto, la calidad es ineficientemente baja.
4. Producción insuficiente: La cantidad ofrecida en el mercado disminuye por debajo del nivel eficiente. En el gráfico, esto se observa al comparar las 5.9k porciones ofrecidas al precio máximo con las 7k del equilibrio. Esta diferencia representa unidades que podrían haberse producido y consumido en condiciones normales. Por ende, la cantidad es ineficientemente baja y esto se convierte en una pérdida irrecuperable de eficiencia.
5. Distribución ineficiente [entre los consumidores]: El mecanismo de asignación del producto deja de basarse en la disposición a pagar. En su lugar, factores como el tiempo disponible para hacer filas, conexiones personales o la capacidad de pagar sobornos determinan quién obtiene el bien, generando inequidad en el acceso. De esta manera, la asignación entre los consumidores es ineficiente, ya que no necesariamente ocurre que quien tenga la mayor disposición a pagar sea quien obtenga el bien o servicio.
Estas consecuencias muestran que, aunque los precios máximos buscan hacer los bienes más accesibles, en la práctica generan distorsiones que perjudican tanto a productores como a [algunos] consumidores, reduciendo el bienestar general del mercado.
Cuando el precio de productos como el arroz o la leche es muy bajo, puede afectar significativamente a los productores, especialmente a los pequeños agricultores. Mientras algunos consumidores podrían beneficiarse de precios bajos, los productores enfrentan dificultades para cubrir sus costos. Una solución aparente es establecer un precio mínimo que proteja sus ingresos, aunque ese precio mínimo lo pagarían los consumidores y estaría por encima del precio de equilibrio.
Los precios mínimos pueden justificarse en situaciones extraordinarias, y se pueden mencionar tres escenarios principales. Primero, cuando hay una crisis temporal que amenaza con llevar a la quiebra a sectores productivos clave, aunque debe acompañarse de planes de reconversión. Segundo, cuando existe dumping o prácticas desleales de comercio que distorsionan los precios. Tercero, cuando los compradores tienen un poder de mercado excesivo que les permite imponer precios injustos a los productores por periodos prolongados.
En condiciones de mercado normales, los precios mínimos generan más problemas que soluciones. Como política permanente, distorsionan las señales del mercado, reducen la eficiencia económica y el bienestar general. Además, tienden a beneficiar selectivamente a ciertos grupos de productores, frecuentemente aquellos con mayor influencia política, mientras mantienen artificialmente altos los precios para los consumidores y desincentivan la innovación y competitividad.
El establecimiento de un precio mínimo ($15 en este ejemplo), representado por la línea roja discontinua, genera dos efectos importantes:
1. Exceso de oferta o de mercado: Los consumidores están dispuestos a comprar solo 5.1k porciones (punto A), mientras los productores ofrecen 9.3k porciones (punto B), creando un excedente de 4.2k porciones (B - A), visible como la distancia horizontal entre ambos puntos.
2. Cambio en los excedentes: Los consumidores pierden al tener que pagar precios más altos por menos cantidad, mientras que algunos productores ganan (quienes logran vender al precio mínimo), pero otros quedan con inventarios no vendidos.
Así, el precio mínimo, aunque busca proteger los ingresos de los productores, provoca un exceso de oferta. A este precio artificialmente alto, los productores quieren vender más unidades, pero los consumidores reducen su cantidad demanda, generando pérdidas de eficiencia económica.
1. Mercados negros: Cuando se fija un precio mínimo por encima del equilibrio, surge un mercado informal donde se ofrecen bienes o servicios a precios más bajos. Esto ocurre especialmente en el mercado laboral con salarios mínimos. Por ejemplo, trabajadores que aceptan empleo por debajo del salario mínimo establecido, sin contratos ni protecciones legales.
2. Recursos desaprovechados: Los precios mínimos distorsionan las señales reales del mercado. El gobierno puede terminar comprando los excedentes y termina representando un costo alto. En el mercado laboral, por ejemplo, las personas gastan tiempo valioso buscando trabajo al salario mínimo sin conseguirlo, cuando podrían estar empleadas a un salario de equilibrio más bajo. Así, hay una distorsión en la asignación de los recursos.
3. Calidad ineficientemente alta: Los productores, obligados a mantener precios altos, pueden aumentar la calidad más allá de lo que muchos consumidores están dispuestos a pagar. Esto elimina opciones de menor calidad y precio que podrían satisfacer mejor las necesidades de algunos segmentos del mercado, reduciendo así las posibilidades de elección.
4. Cantidad insuficiente: Aunque existe un exceso de oferta, la cantidad realmente transada es menor que en el equilibrio. Esto crea una pérdida de bienestar social, ya que hay transacciones mutuamente beneficiosas que no ocurren. Por ejemplo, productos agrícolas que podrían venderse a precios más bajos pero terminan sin venderse.
5. Distribución ineficiente [entre productores]: Los precios mínimos protegen a productores que pueden ser ineficientes al tener costos altos, impidiendo que los más eficientes, con menores costos, ganen participación de mercado. Esto ocurre, por ejemplo, en mercados agrícolas protegidos, donde se mantienen en operación productores poco competitivos. Por ende, la asignación entre vendedores es ineficiente, ya que no necesariamente ocurre que quien tenga los menores costos sea quien ofrezca y produzca el bien.
Los gobiernos solían establecer precios mínimos para productos básicos como el arroz, el azúcar o el maíz, para proteger a los agricultores. Sin embargo, este precio artificialmente alto genera exceso de productos: los agricultores producen más de lo que los consumidores están dispuestos a comprar a ese precio. Los granos no vendidos se acumulan y pueden perderse, no por sobreproducción real, sino por la distorsión de precios. Los gobiernos terminaban comprando estos excedentes, transfiriendo el costo a la sociedad.
Existe un debate sobre si producir localmente lo que podría importarse más barato. La teoría económica sugiere que comprar a productores más eficientes maximiza el bienestar, aunque algunos argumentan que una protección temporal podría justificarse si forma parte de un proceso de mejora productiva con plazo definido. Cuando no existen ventajas comparativas reales, mantener producción local con precios mínimos resulta ineficiente. Si se trata de bienes en los que no podemos llegar a tener ventajas comparativas y el país no puede producir con una calidad comparable y con un menor costo que otros países no tiene sentido producirlos y pagarlos más caros; sería mejor importar.
Los salarios mínimos buscan garantizar condiciones de vida dignas, pero generan controversia. Los defensores dicen que evita pagar salarios de hambre y que se exploten a los trabajadores. Los críticos dicen que se genera un exceso de oferta de trabajo y por ende aumenta el desempleo. Cuando un recurso se vuelve más caro hay presión para sustituirlo, y esto aplica a la fuerza de trabajo. Una posibilidad es elevar la productividad y sustituir los trabajadores con capital. Otra posibilidad es conseguir trabajadores más baratos en otro lado. Entonces, el salario sí importa. Pero ¿aceptamos salarios bajos con tal de no generar desempleo?
En 1949 se impulsó en Costa Rica una política de salarios crecientes. Figueres la justificó utilizando el argumento que da base a la defensa dinámica de los salarios mínimos:
"Los sueldos y jornales crecientes conducen a una mayor eficiencia en la administración de los negocios. Se abandonan gradualmente las actividades menos productivas. La agricultura y la industria van eliminando los negocios marginales. Se introducen nuevos métodos técnicos y nuevas máquinas. La producción sube, tanto en términos globales como en relación a las horas de labor invertidas. El trabajo se valoriza. El hombre se dignifica."
"Es evidente que el alza de los jornales debe ser gradual. Debe ir dando tiempo a que las cosas se acomoden. Una carrera ascendente demasiado rápida puede arruinar muchas empresas. y disminuir la producción empobreciendo al país."
" Mientras los trabajadores de otros países compitan con los trabajadores del nuestro, ofreciendo el trabajo humano a un precio bajo, el resultado será que los compradores internacionales obtendrán esa mercancía donde más barata se encuentre, y no podremos unos ni otros progresar en riqueza y en cultura. Por eso yo veo con simpatía los organismos internacionales que tienden al alza de salarios en todas partes."
Este enfoque propone un círculo virtuoso donde salarios crecientes estimulan productividad, que a su vez permite mayores salarios. Sin embargo, requiere:
Cuando existe asimetría en el poder de negociación, los salarios mínimos pueden restaurar equilibrio, pero siempre considerando el riesgo de desempleo o sustitución por capital.
Los impuestos, aunque necesarios para financiar al gobierno, alteran el funcionamiento natural del mercado. Los impuestos pueden entenderse o pensarse de esta manera: al aumentar el costo de producción, desplazan la curva de oferta hacia la izquierda, generando una brecha entre dos precios distintos: el que pagan los consumidores, que es más alto, (punto E2) y el que finalmente reciben los productores, que es más bajo (punto B). Esta brecha reduce la cantidad transada y genera una pérdida de eficiencia económica. En el gráfico, la distancia vertical entre E2 y B es el impuesto, que recibe el gobierno:
A veces la gente cree que el impuesto lo paga quien lo paga directamente. Otras veces se dice que lo paga el pueblo, que los productores se lo trasladan. Pero... ¿cuál es la verdad?
Ninguna de las dos. Se debe analizar la incidencia del impuesto. No es fácil decir en quién recae el impuesto, sino que depende de la posibilidad de escaparse del impuesto, pero no en forma ilegal, sino sustituyéndolo con otro bien que se parezca y no tenga el impuesto.La incidencia fiscal no depende de quién entrega el dinero al fisco, sino de la capacidad de cada grupo para ajustar su comportamiento. La clave está en las elasticidades:
Cuando no existen buenos sustitutos para un bien, la demanda es inelástica. El impuesto eleva el precio, pero los consumidores continúan comprando cantidades similares porque no tienen alternativas disponibles. Como no reducen significativamente su consumo ante el mayor precio, terminan pagando la mayor parte del impuesto. Los productores solo absorben una pequeña porción. Con esto, cuando la demanda es inelástica la incidencia fiscal recae principalmente sobre los consumidores. Esto ocurre, por ejemplo, con productos como la insulina, donde los compradores no pueden dejar de adquirirlos aunque suba el precio.
Cuando existen buenos sustitutos, la demanda es elástica. El aumento de precio causado por el impuesto lleva a los consumidores a comprar menos del bien gravado y a preferir sus alternativas. Como reaccionan fuertemente al cambio de precio, los productores deben absorber la mayor parte del impuesto para evitar una caída drástica en las ventas. Con esto, cuando la demanda es elástica la incidencia fiscal recae principalmente sobre los oferentes. Esto podría pasar, por ejemplo, en el mercado de bebidas o snacks, donde los consumidores pueden cambiar fácilmente entre marcas.
Cuando los productores no pueden ajustar fácilmente su producción, la oferta es inelástica. No pueden reducir significativamente la cantidad ofrecida ni reorientar sus recursos hacia otros bienes. Esta rigidez hace que los productores terminen pagando la mayor parte del impuesto, ya que no pueden trasladarlo a los precios mediante una reducción de la oferta. Con esto, cuando la oferta es inelástica la incidencia fiscal recae principalmente sobre los productores. Esto puede pasar, por ejemplo, con cultivos que requieren largos periodos de inversión, como el aguacate.
Cuando los productores pueden ajustar fácilmente su producción, la oferta es elástica. Pueden reducir la cantidad ofrecida del bien gravado y reasignar recursos a otros productos. Esta flexibilidad les permite trasladar el impuesto a los consumidores mediante mayores precios. Con esto, cuando la oferta es elástica la incidencia fiscal recae principalmente sobre los compradores, como sucede con productos manufacturados que compiten en mercados globales.
A la hora de poner impuestos que se cobren sobre el valor de un bien o servicio, lo recomendable es hacerlo sobre bienes con muy baja elasticidad: que tengan muy pocos sustitutos, que no haya escape. Esto garantiza que el impuesto recaudará más fondos y tendrá el menor efecto negativo en términos de distorsiones en la asignación eficiente de los recursos, ya que no cambiará tanto el consumo. Esto sugiere, además, diseñar los impuestos de tal manera que cubran bien los grupos de bienes sustitutos, de manera que no castiguen o beneficien indebidamente a unos u otros agentes económicos.
1. Distorsión en las decisiones económicas: Al alterar los precios relativos, los impuestos distorsionan las elecciones de consumidores y productores. Los compradores optan por bienes no gravados aunque prefieran los gravados, mientras los productores asignan recursos a actividades menos productivas pero con menor carga fiscal. Estas decisiones podrían generar ineficiencias que reducen el bienestar social más allá de lo que justifica la recaudación obtenida.
2. Costos administrativos y de cumplimiento: La implementación de impuestos requiere sistemas de fiscalización y declaración que consumen recursos. Empresas destinan personal y tiempo al cumplimiento tributario, mientras el gobierno mantiene aparatos burocráticos para su recaudación. Estos costos muertos restan valor a la actividad económica productiva que podrían no generar beneficio social.
3. Efectos distributivos no deseados: Dependiendo de la elasticidad de oferta y demanda, los impuestos pueden afectar desproporcionadamente a grupos específicos. Cuando recaen principalmente sobre productos básicos con demanda inelástica, castigan más a los hogares de menores ingresos. Si afectan bienes con oferta inelástica, perjudican a pequeños productores con menor capacidad de ajuste.
4. Incentivos a la informalidad: Los impuestos elevados crean poderosos incentivos para operar en la economía informal. Esto genera mercados paralelos donde no se cumplen estándares de calidad ni regulaciones laborales, distorsionando la competencia y reduciendo la base tributaria.
5. Impacto en la competitividad: Cuando los impuestos no se aplican uniformemente entre sectores o regiones, crean desventajas artificiales. Empresas en jurisdicciones o industrias con mayor carga fiscal pierden capacidad de competir, llevando a reasignaciones ineficientes de capital y trabajo. En el comercio internacional, estos desbalances pueden afectar la posición competitiva del país.
Durante el debate sobre la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, surgió la idea de que México podría pagarlo mediante impuestos a los bienes que exportan a Estados Unidos. Algunas opiniones, como este ejemplo que circuló en redes sociales, argumentan que dicho impuesto terminaría siendo pagado por los consumidores estadounidenses. ¿Quién tiene razón?
Asumamos que un productor mexicano vende aguacates a $5 en Estados Unidos. Si se aplicara un impuesto, digamos del 20%, sobre estas importaciones, de tal forma que:
1. Ahora José le vende el aguacate a John por $6, para cubrir el 20% de impuesto.
2. Estados Unidos recauda $1 por concepto de impuestos.
3. José segue recibiendo sus $5.
En este caso, ¿quién estaría pagando realmente por el muro?